V. ¿DELINCUENCIA TRASNACIONAL O TERRORISMO EN EL CONTINENTE AMERICANO?

Indudablemente el Continente Americano sigue sufriendo cambios sustanciales a raíz de los sucesos del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos de América (EUA). Ante este hecho, los países latinoamericanos y caribeños han tenido que seguir ajustando sus relaciones regionales e internacionales de tal manera que les permita enfrentar con éxito la nueva arquitectura en el campo de la seguridad nacional y global, impuestas por las circunstancias que operan en el ámbito universal pero, particularmente, por la enorme presión que ejerce la agresiva política exterior estadounidense.

El mapa que se ha venido vislumbrando en Latinoamérica y el Caribe continúa presentando un panorama de vulnerabilidad, debido a la desigualdad y a las asimetrías económicas, militares y de seguridad en términos generales y específicas con los EUA, país que sigue decidido a acentuar su presencia en el Continente Americano precisamente a través de su poder económico, militar y su influencia política. De la misma manera, existe la necesidad de hacer notar la persistencia estadounidense de continuar detentando como bandera su declaración de guerra contra el terrorismo, a través de su doctrina de seguridad nacional (guerra preventiva), lo que ha permitido a los estadounidenses una libertad prácticamente absoluta, de intervenir o actuar ahí donde considera que su seguridad y sus intereses –que inician o finalizan en cualquier parte del mundo- son o pueden ser afectados.

Esta absurda posición de instaurar una hegemonía unipolar, que solo puede detentarla un imperialismo, sigue provocando el derrumbamiento de la diplomacia tradicional, la ruptura de criterios jurídicos enmarcados en el Derecho Internacional y en los preceptos establecidos en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y, desde luego, en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), organización esta última que al seguir dominada por los estadounidenses, es utilizada como elemento político-intervencionista provocando la desestabilización en varios países latinoamericanos, al tiempo de generar un fuerte distanciamiento entre las naciones del Continente.

INTERRELACIÓN ENTRE SEGURIDAD Y TERRORISMO

Ante el insistente acoso estadounidense para que los países latinoamericanos y caribeños “ajusten” a la medida de sus deseos sus estrategias de seguridad y anti terrorismo, es necesario dejar plenamente establecido qué acciones han ejecutado los países del Continente Americano sobre el particular.

Por principio, es necesario anotar que, de acuerdo a estudiosos en la materia, existen diferentes planteamientos que coinciden en señalar la tendencia a la regionalización de los mecanismos y arreglos institucionales de seguridad colectiva, por lo que las propuestas están orientadas hacia la ampliación de los diferentes ámbitos de la seguridad. Según los expertos, esta tendencia se refleja en dos aspectos: la inclusión de nuevas problemáticas en el área de la seguridad (políticos, económicos/comerciales/financieros y medioambientales) y la incorporación de nuevas dimensiones o actores en la problemática de seguridad más allá del nivel estatal (el individuo y las sociedades); ambas situaciones desembocan en la acuñación y uso persistente de conceptos que van desde la seguridad humana hasta el propio terrorismo, pasando por la “responsabilidad de proteger” (R2P) y, por ende, inserta potencialmente la creciente interrelación de la seguridad exterior con la seguridad interna.

De esta interrelación emergen tres grupos de amenazas directamente vinculados con los intereses nacionales de los países: las económicas, las creadas por una escasez de energía y materia prima, y por cambios en el medio ambiente mundial o regional; las que a su vez se convierten en amenazas a su seguridad nacional con repercusiones a nivel regional, al detonarse problemas sociales internos, como el subdesarrollo, la inestabilidad política o la incapacidad de los gobiernos de satisfacer las demandas de bienestar mínimo de sus ciudadanos, lo que eventualmente llega a incrementar la delincuencia organizada interna y trasnacional; amenazas todas que poco a poco han dado lugar a que surjan “propuestas” de los países poderosos que, en nombre de la democracia, los derechos humanos, el libre mercado y, especialmente anteponiendo “su seguridad nacional”, tienden a trasgredir el Derecho Internacional y la soberanía de los Estados al entrometerse en sus asuntos internos.

Respecto al terrorismo, existen muchas concepciones sobre este término, vertidas tanto por Estados como por organizaciones regionales y mundiales, así como por analistas políticos y académicos, sin olvidar que ni la propia doctrina de seguridad nacional estadounidense lo aclara pertinentemente, por lo que las mismas si bien han tratado de aportar una idea clara sobre el término, lo único que han logrado es desvirtuarlo y, desde luego, dirigirlo a intereses unilaterales pero, la realidad, es que hasta el momento, no hay un consenso universal que permita precisar con claridad meridiana dicho término.

MECANISMOS HEMISFÉRICOS SOBRE TERRORISMO

Y DELINCUENCIA ORGANIZADA

Para los efectos de este análisis, se considera apropiado destacar la posición y el concepto que le merece a Latinoamérica y al Caribe el terrorismo y la delincuencia organizada, mismos que tienen como apoyo jurídico una serie de documentos regionales y mundiales que fueron aprobados en su oportunidad por la comunidad internacional.

Como anteriormente se asentó, al no existir una definición consensuada universalmente sobre lo que es el terrorismo, cada actor internacional, desde Estados hasta organizaciones regionales o mundiales, lo han insertado en diferentes campos: en los relacionados con la geopolítica, vinculados a los innumerables temas que abarca la globalización (económicos, culturales, políticos, comerciales, monetarios, cibernéticos, etc.), o los han inscrito en el contexto de las acciones que lleva a cabo la delincuencia trasnacional organizada, sin olvidar que existe y es real el “terrorismo de Estado” que lo ejecutan los Estados poderosos, particularmente el país hegemónico mundial: los EUA.

Sobre el particular, existen en mi opinión dos –de los múltiples instrumentos firmados- en donde se demuestra el interés y la aportación que Latinoamérica y el Caribe han brindado al tema: a) La Convención Interamericana contra el Terrorismo, inscrita en la Resolución AG/RES. 1840 (XXXII-0/02) del mismo título, aprobada el 3 de junio de 2002 durante la XXXII Asamblea General de la OEA y, b) La Convención para prevenir y sancionar los actos de terrorismo configurados en delitos contra las personas y la extorsión conexa cuando éstos tengan trascendencia internacional emergida durante el III Período Extraordinario de Sesiones de la Asamblea General de la OEA del 27 de febrero de 1971.

En el primer documento, la Asamblea General de la OEA estableció como parámetros jurídicos 10 convenios, convenciones o protocolos que emanaron de la ONU. Se lleva a la atención que los instrumentos son en suma extensos y versan sobre distintas modalidades del terrorismo pero, por esa misma razón, si bien es cierto que la idea general queda inserta, al mismo tiempo tiende a volatilizarse, toda vez que son variadas y distintas las situaciones y escenarios donde se presenta.

Por otra parte, en el artículo 2 del segundo documento, se estableció que: “para los efectos de esta Convención, se consideran delitos comunes de trascendencia internacional cualquiera que sea su móvil, el secuestro, el homicidio y otros atentados contra la vida y la integridad de las personas a quienes un Estado tiene el deber de extender protección especial conforme al Derecho Internacional, así como la extorsión conexa con estos delitos”.

Como puede apreciarse, desde 1971 los países miembros de la OEA ya consideraban al terrorismo como delito común pero, más importante, cualquier acción en contra del terrorismo lo insertan dentro del Derecho Internacional. Cabe destacar, por otra parte, que en el artículo 6 de la citada Convención, se estableció que “ninguna de las disposiciones de esta Convención será interpretada en el sentido de menoscabar el derecho de asilo”, con lo cual, desde mi particular punto de vista, deja el “mensaje” en el sentido de que los movimientos populares (grupos revolucionarios) no pueden ser tipificados como terroristas.

Independientemente de los citados instrumentos, desde 1999 quedó establecido el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE). Entre sus funciones está la de crear la red interamericana de recopilación y transmisión de datos a través de los gobiernos; intercambio de información y experiencias; creación de un banco de datos, así como la compilación de normas legislativas y reglamentarias. De igual manera, considero que otro documento importante es la Resolución 1373CS (2001) emitida por el Consejo de Seguridad de la ONU, en la que indica a los Estados miembros, entre otros aspectos, que prevengan y repriman la financiación de todo acto de terrorismo y, abstenerse de proporcionar todo tipo de apoyo, activo o pasivo, a personas o entidades que participen en actos de terrorismo.

Ahondando en el tema, durante la Asamblea General Ordinaria de la ONU, celebrada en 2005, los Estados miembro tuvieron la oportunidad de llegar a un consenso para definir de una vez por todas cómo debía interpretarse el significado de terrorismo. Lamentablemente no se produjo el consenso por la oposición sistemática de los EUA que siempre ha considerado que la totalidad de los proyectos presentados no llevan insertos los “preceptos” de la seguridad nacional estadounidense, es decir, aquellas disposiciones que protegen sus intereses.

No obstante lo anterior, vale la pena recordar que a instancias del Secretario General de la ONU, fue conformado el Grupo de Alto Nivel (GAN-documento A/59/565 2/dic/2004), para que éste “evaluara las actuales amenazas a la paz y la seguridad internacionales y…formulara recomendaciones para fortalecer a las Naciones Unidas a fin de que la Organización pudiera proporcionar seguridad colectiva para todos en el Siglo XXI”.

En su oportunidad, el GAN propuso la siguiente descripción sobre el terrorismo: “Cualquier acto, además de los actos ya especificados en los convenios y convenciones sobre determinados aspectos del terrorismo, los Convenios de Ginebra y la Resolución 1566 (2004) del Consejo de Seguridad, destinado a causar la muerte o lesiones corporales graves a un civil o a un no combatiente, cuando el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo”. El subrayado es del autor de este trabajo.

Aún más, el documento del GAM entrelaza el terrorismo con la delincuencia organizada y, al respecto, precisa: “la prevención de actos de terrorismo masivo exige un gran empeño en fortalecer los sistemas de seguridad colectiva, reducir la pobreza, luchar contra el extremismo, poner fin a los rencores de la guerra, detener la propagación de las enfermedades infecciosas y luchar contra la delincuencia organizada”. Como se aprecia, esta propuesta prácticamente estaba encaminada a darle una dirección multidimensional a la seguridad. No obstante lo anterior y a mi criterio, aún le falta consistencia, particularmente cuando abordaba el tema del extremismo.

Ahora bien, es preciso destacar que aunque se puede inferir que el término extremismo está estrechamente vinculado con grupos terroristas islámicos, vale reflexionar que muchos Estados, en general los poderosos pero particularmente los EUA, utilizan el extremismo político que causa igual o mayor daño que los actos terroristas como tal. La pregunta sería: ¿Los gobiernos de las potencias como los EUA son terroristas o se han constituido como Estados canalla?

Continuando con el tema, si bien es cierto que un gran número de naciones latinoamericanas han suscrito y ratificado los instrumentos regionales y mundiales sobre las diversas formas de terrorismo, se puede apreciar que este tema lo han venido insertando de acuerdo al peso específico que cada país le otorga a sus propias concepciones nacionales. De manera paralela, es necesario dejar asentado que la mayoría de los países fortalecieron su accionar a través de pactos subregionales y hemisféricos sobre el tema en cuestión.

Ejemplo singular de esta preocupación, en el marco de la seguridad-terrorismo, en octubre de 2003 los países del Continente Americano reunidos en la Ciudad de México, acordaron darle un nuevo y necesario término: Seguridad Multidimensional, entendida esta como el reconocimiento a que las amenazas actuales ya no son solo de índole militar sino que abarcan una serie de “nuevas amenazas” contra la seguridad, misma que puede ser afectada por varios fenómenos: políticos, económicos, comerciales, sociales, ambientales, de salud, etc.; debiendo reconocerse que el concepto de seguridad multidimensional inserta, pero no resuelve, las diferencias nacionales sobre las prioridades de cada Estado, pero sí se incluyen los diferentes conceptos y doctrinas de seguridad.

Ante todo lo anterior la pregunta obligada es: ¿Existe terrorismo en América Latina y el Caribe?, una lectura reflexiva nos llevaría a una respuesta negativa ya que, hasta donde se conoce, en ningún país latinoamericano o caribeño operan estos grupos, aún cuando los estadounidenses continúen insistiendo en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) siguen siendo un grupo terrorista y a pesar de que, en su momento, hayan determinado que en la zona de las Tres Fronteras (Argentina-Brasil-Paraguay) operaban grupos islámicos que apoyaban económicamente a Al Qaeda y/o a Hamas. Por lo que respecta a las FARC, éstas ya desaparecieron como grupo revolucionario al haberse transformado desde 2017 en una agrupación política. No obstante lo anterior, los estadounidenses continúan considerándolo como terroristas al igual que al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En cuanto a la suposición de la presencia de grupos islámicos en la zona de las Tres Fronteras, con el propósito de evitar mayores presiones estadounidenses, los tres países decidieron no sólo hacer una investigación profunda sino, inclusive, en 1996 signaron el instrumento denominado “Comando Tripartito de la Triple Frontera” que aún continúa coordinando las actividades operacionales de inteligencia de policía para combatir todas las formas de delito organizado y de “terrorismo”.

Ahora bien, existe la necesidad de reconocer que el crimen organizado, junto a los carteles de la droga, no sólo son una realidad en varios países latinoamericanos y caribeños sino, asimismo, que estos grupos delincuenciales no han podido ser erradicados. Aquí, es propicia otra pregunta: ¿Es posible que estos grupos se puedan constituir en terroristas? En mi opinión, si bien es cierto que tanto la delincuencia organizada, como los carteles de la droga cuentan con los recursos económicos, humanos y tal vez conexiones con organizaciones terroristas, considero que les falta algo esencial que es la carencia de una ideología extremista (islámica por ejemplo) y, al mismo tiempo, estimo que tampoco les interesaría aliarse con ese tipo de organizaciones, toda vez que su accionar se limita sólo y exclusivamente a seguir manteniendo negocios cuan más lucrativos, como lo son el tráfico ilegal de drogas y estupefacientes en todas sus modalidades, así como el comercio de armas, de productos y de personas.

De igual manera, también hay que considerar que los grupos de la delincuencia organizada, son utilizados tanto por ciertas autoridades gubernamentales o partidos políticos al interior de los países, así como por organizaciones o personas del sector privado de los mismos países e inclusive, por parte de otros Estados con características intervencionistas, que también los utilizan para apoyar proyectos unilaterales y/o para magnificar las carencias de la población creando, de esa manera, un clima de ingobernabilidad con claras intenciones desestabilizadoras lo cual actualmente se observan en países como Venezuela y Nicaragua. En otras palabras, gobiernos locales o Estados intervencionistas, crean los grupos, los sostienen políticamente, los apoyan económicamente, los arman y los convierten en “movimientos populares”.

No obstante esta situación creada artificialmente, aún no se ha podido demostrar que el siguiente paso de la delincuencia organizada o de grupúsculos creados ex profeso para desestabilizar países en toda Latinoamérica, sea en dirección a convertirse en grupos terroristas, independientemente de que tampoco se ha podido demostrar que existen Estados y menos aún pueblos que promuevan, apoyen o acepten ideologías o tendencias extremistas.

De esta manera podríamos concluir que no existe, por lo menos hasta el momento, un terrorismo transfronterizo en Latinoamérica o el Caribe; sí en cambio, opera una delincuencia trasnacional (donde se insertan los carteles de la droga) que, como se señaló con anterioridad, puede ser impulsada a aprovechar situaciones de extrema pobreza, crisis económicas, pandemias y otro tipo de problemas sociales, para provocar o ahondar una desestabilización político-económica-social.

Todo lo señalado con anterioridad está interrelacionado con el intervencionismo estadounidense en la zona latinoamericana y caribeña. A fin de dar respaldo a lo citado, es necesario resaltar en este sentido que, a mediados de octubre de 2018, el Fiscal General estadounidense, Jeff Sessions (uno de los principales halcones del “Estado Profundo” de los EUA), anunció la creación de un “grupo de trabajo” para combatir el crimen organizado internacional, citando entre otros grupos que son objetivo a la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), a los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, a la organización paramilitar colombiana “Clan del Golfo” y, en forma por demás enigmática, al insertarlo en esta zona geográfica, al grupo terrorista libanés Hizbula. Vale la pena hacer notar el “avieso” deseo de Sessions con lo posteriormente expresado por el Presidente Donald Trump, quien mencionó que estaría a punto de considerar a los principales carteles de la droga colombiana y mexicana como grupos terroristas.

Aún más, la idea original, según Sessions, es que este “grupo de trabajo” “esté formado por experimentados fiscales (estadounidenses) que coordinarán y optimizarán los esfuerzos del Departamento de Justicia (estadounidense) para sacar a estos grupos de la calle de una buena vez”. Todo indica que el multicitado grupo de trabajo tiende a convertirse en un instrumento más de intervencionismo en Latinoamérica, dirigido no sólo a tomar el control policial, jurídico y judicial sino, asimismo, aprovechar la oportunidad para profundizar la desestabilización y en el momento oportuno intervenir política, económica y militarmente en gobiernos progresistas latinoamericanos a través de pseudo mecanismos contra el crimen organizado trasnacional y ya no solamente aduciendo crisis político/humanitarias.

De la misma manera, hace pensar que este tipo de acciones largamente planificadas, podrían ser la primera “respuesta” –equívoca a todas luces- a los planteamientos analizados durante la II Conferencia sobre prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada a principios de octubre de 2018, en la que representantes de Guatemala, Honduras, el Salvador (Triángulo del Norte) México y los EUA fijaron, entre otros temas, criterios para reducir los grupos de la delincuencia común organizada, al tiempo de crear puestos de trabajo, tratando de evitar así las migraciones desde la zona centroamericana hacia México, pero con el objetivo principal de solicitar asilo humanitario en territorio estadounidense. Tanto las migraciones como la delincuencia organizada están vinculadas desde el punto de vista estadounidense y se inscriben tanto en el marco de las promesas de campaña, como en los ejes sobre los cuales gira el discurso del Presidente Donald Trump para reelegirse.

CONCLUSIONES

Una primera conclusión sería que, debido a la proliferación de instrumentos y acciones específicas contra los diversos casos de terrorismo, sigue siendo necesario identificar y darle una completa coherencia a la expresión y al significado de “terrorismo del Siglo XXI” por lo que, consecuentemente sigue siendo apremiante unificar criterios sobre el término en el ámbito universal.

Por otra parte, se puede señalar que como trasfondo de carácter estructural en el proceso de cambios que, en el marco de la seguridad hemisférica que se viene suscitando en Latinoamérica y el Caribe, el terrorismo no es la principal preocupación ni para los gobiernos de los Estados, ni para sus respectivos pueblos; la realidad es que sus prioridades son resolver problemas relacionados con rezagos históricos que en el orden socio-económico vienen arrastrando –en el mejor de los casos- desde la finalización de la Guerra Fría: estancamiento de las economías, nula distribución equitativa de la riqueza, agotamiento y la pérdida de credibilidad en sus instituciones políticas (partidos políticos y congresos); mejoramiento de sus sistema de justicia, abatir la delincuencia, la corrupción y la impunidad; así como concluir con éxito una larga búsqueda de cooperación, ayuda e inversiones internas y externas que permita a los Estados ser actores y no solo parte de la globalización en todas sus características pero, asimismo, y con particular énfasis, resolver de que manera los Estados se sientan seguros de mantener sus soberanías.

En cuanto a la posición que debe adoptar México en lo particular sobre seguridad/migraciones masivas/delincuencia trasnacional/terrorismo, no está por demás recordar que nuestro país hace tiempo se ha constituido en una referencia inmediata para los intereses estadounidenses al haber pasado del concepto de patio trasero a pieza sumamente importante en el marco de la seguridad nacional de ese país; por lo tanto, tiene y seguirá teniendo la oportunidad de aprovechar esta posición que los acontecimientos le han y le seguirán brindando, para lo cual deberá canalizar su esfuerzo a través de una sutil pero persistente presión diplomática (plenamente basada en una política exterior planificada), la que debe insertarse en una negociación asimétrica permanente, con su pertinente mecanismo de cabildeo con el Congreso estadounidense como característica fundamental, no como hasta ahora que lo intenta solo con los presidentes de ese país.

Por su parte, los estadounidenses saben que deben de buscar la cooperación de México en todos los campos de la relación bilateral, entendida ésta como tal y no como una imposición. Toda pretensión en contrario de esta apreciación se convertirá, como hasta ahora, en un escollo permanente en la relación bilateral y, por ende, tenderá a afectar el ámbito de la seguridad nacional de los dos países.

Otro de los aspectos de suma importancia que debe procurar México es el entendimiento político/estratégico con los países ubicados en diferentes zonas geográficas del Continente Americano (Centroamérica, Sudamérica y el Caribe) sobre los temas de migración y “terrorismo” aunque, al respecto, cabe reconocer que las diferencias ideológicas con los nuevos gobiernos neoliberales sudamericanos no permiten un acercamiento apropiado, pero sí con Centroamérica, nuestra natural zona de influencia y hasta con el Caribe, apreciación esta última que se ha visto reflejada con coincidencias y posiciones similares en el caso de Venezuela.

De la misma manera, es urgente que el actual gobierno mexicano estructure una real y prospectiva política migratoria que haga frente a las presentes y futuras oleadas de migrantes centroamericanos y de otras latitudes ya que, en la actualidad, se ha visto rebasado. De la misma manera, debe de tomar con carácter de urgencia, las medidas necesarias para fortalecer a la brevedad posible la frontera sur, misma que está convertida en una zona sumamente porosa que pone en peligro nuestra seguridad nacional. No podemos darle motivos al gobierno estadounidense que lo lleven no solo a formular críticas acérrimas ni mucho menos a intervenir en nuestros asuntos internos o, por último, a militarizar (aún más) la frontera norte.

Desde luego que los gobiernos latinoamericanos y caribeños no deben de ignorar que si bien el terrorismo no opera en el Continente Americano, no se pueden dar el lujo de no contar con un sistema de alerta temprana y, desde luego, poner en práctica lo acordado en los instrumentos que han firmado a nivel regional e internacional, los que seguramente permitirán detectar con oportunidad y eficacia, la eventual presencia o surgimiento de grupos terroristas.

Por último, pero no por eso menos importante, es que todos los gobiernos establezcan medidas jurídicas a su interior –apegadas al Derecho Internacional- dirigidas a prohibir “ideas” insensatas como la de darle el trato de terroristas a grupos de la delincuencia organizada y a los integrantes de los carteles de la droga, no con el propósito de defender a estos grupos, sino porque está implícita la decisión estadounidense de imponer “su ley y su justicia”, lo que definitivamente atenta contra la soberanía de los Estados. Es más, de darse el caso los Estados afectados tendrían la obligación y todo el derecho de recurrir a las principales instancias políticas y jurídicas mundiales (ONU-Corte Internacional de Justicia).

Puebla, abril de 2019.

Víctor Hugo Ramírez Lavalle

Maestro en Estudios Diplomáticos y Maestro en Relaciones Internacionales con Especialidad en Temas de Seguridad Internacional.

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