VII. ¿CONSTITUCIÓN DE LA CDMX?

NOTA PRELIMINAR DEL AUTOR:

Este análisis del entonces proyecto de “Constitución de la Ciudad de México” contiene elementos de crítica severa que creo que todavía son razonables y dignos de ser tomados en cuenta. Quienes lograron que entrara en vigor ese proyecto, el día 17 de este mes de septiembre 2018, aducen que “se corrigió así una falla de casi dos siglos”, pues tras el Primer Congreso del México Independiente de 1824 “solo ahora se reconoce a la Ciudad de México como una entidad de la Federación”, y a los capitalinos el “derecho a ejercer su soberanía”. Pues que lo sigan creyendo, y ya veremos si ese “derecho” y otros muchos en dicha Constitución (cuando se logren todas las leyes secundarias que serán necesarias para ello)  representan algo concreto para los habitantes de nuestra amada Ciudad de México, capital de todo el país.

 

Mesa 6

La constitución para la CDMX: perspectivas para una gobernanza de la zona metropolitana.

Muy estimados participantes en esta Mesa de discusión y asistentes a la misma interesados en el futuro de nuestra muy amada ciudad, los saludo cordialmente. Mucho agradezco a los organizadores de este importante Seminario, y en particular al doctor Carlos Bustamante Lemus, por su muy gentil invitación para participar en el evento. Mis agradecimientos también para nuestro Moderador de esta Mesa 6, el Director General del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, Lic. Marcelo Torres. Cofiño. Y me da mucho gusto estar en este lugar del antiguo “puerto de San Lázaro, frente al inmenso Lago de Texcoco”, como nos recuerda Salvador Novo en su “Nueva Grandeza Mexicana”. Lago que por cierto estamos en proceso de darle la puntilla con el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con lo que comprometeremos aún más el abastecimiento de agua potable a nuestra querida ciudad, aparte de otros muchos efectos ecocidas.

Y empiezo esta breve ponencia comentándoles que, por las no tan extrañas razones de nuestra política, se sigue poniendo muchísimo empeño en tratar de inventar de nuevo a nuestro gran país, de embarcarlo en grandiosos proyectos que no ayudan a lograr las metas que debiéramos tener en cuanto a nuestro avance democrático y a un sano desarrollo económico que reduzca la desigualdad y la pobreza, que lleve a la solución de los rezagos y déficits del desarrollo rural y urbano. Se reinventan principios y derechos y después tienen que pasar muchos años para construir nuevos medios y jurisprudencias respecto a su eficaz aplicación, si es que corremos con suerte.

Así, y sin que mi posición sea para nada neoliberal, al contrario, creo siempre que las desigualdades de la vida han de ser corregidas y compensadas por la acción de la sociedad organizada en buenos gobiernos, ahora en esta capital un sector de la clase política, ya con sus miras en el 2018, con interesados apoyos de especuladores inmobiliarios y empresariales, y llevando el ilusionismo a su más alta expresión, nos embarca en la integración de una “Asamblea Constituyente” –ya ahorita en un serio enredo jurídico y de operación, en lo que correctamente se ha calificado de “déficit de legitimidad”–, Asamblea encargada del absurdo proyecto de dar forma a una “Constitución de la Ciudad de México”, para su promulgación el 5 de febrero de 2017, para lo cual obtuvieron, en arreglos partidarios, unas increíbles reformas a la Constitución de la República, publicadas en el Diario Oficial de la Federación del 29 de enero de 2016. Me parece que debemos evitar a toda costa el cargar con ese fardo.

Muchísimos chilangos nos preguntamos ¿por qué trastocar una estructura federal muy bien pensada que ha dotado por casi 200 años a la Federación de una capital como sede de los poderes federales? Desde la Constitución de 1824 se determinó que la Nación mexicana adoptaba para su gobierno la forma de república federal, y la ciudad de México, como asiento de los supremos poderes federales, se constituía de alguna manera en una representación de todos los estados integrantes de dicho pacto. Así lo hemos entendido los mexicanos, que desde siempre y de todos los estados han llegado a la capital de México a hacer su vida y a contribuir desde aquí a la historia de este gran país. Nada más hay que ver los nombres de los grandes héroes y los personajes destacados en la política y en todas las artes y ciencias que han actuado brillantemente en la capital de México, dándole lustro al país como un todo y también a su estado de origen, por supuesto, sin ningún celo por ello.

Se ha declarado que la iniciativa que a principios de este año dio fin al Distrito Federal lleva al “muy importante ejercicio de la fundación de la Ciudad de México”, con lo cual llegamos al colmo. Primero, se nos quiere hacer creer que nuestra ciudad tiene sólo 192 años de historia, desde que en 1824 se dio paso al Distrito Federal; y hoy se nos insiste en esa sigla de la “CDMX” como marca de la fundación de esta ciudad. Pero no es así, la historia de esta gran ciudad y su maravilloso nombre, que muy simbólicamente fue adoptado por todo el país, México, Tenochtitlan, fue fundada en julio de 1325; su historia llega pues a casi 700 años, y el símbolo de su fundación, el águila parada en un nopal con la serpiente en el pico, lo mostramos orgullosamente como escudo en nuestra bandera nacional.

Pero ahora, en ocasión de la celebración del centenario de la Constitución de la República, ¡nada menos!, se quiere instaurar en esta capital el engendro de la “constitución de la Ciudad de México”, con la invención, al excesivo detalle reglamentario, de todos los derechos habidos y por haber. Parece quererse decir: “¡ah, que viva la competencia constitucional, la constitución de la CDMX (con la sigla que crearon al respecto) va a estar por encima de la de la República y de las de todos los estados!”.

No toman para nada en cuenta que México es una Nación unida, integrada por 31 estados y una capital, lo que era el Distrito Federal, y de ninguna manera la suma de 32 “entidades federativas autónomas”, pues el Distrito Federal se concebía como la representación de todos los estados y capital del país, y en ese carácter la sede de los poderes federales.

Pero en el absurdo proyecto que se implementa a la “CDMX” se le limita a ser una “entidad federativa autónoma”; dizque equiparándola a los demás estados, con lo que se demerita totalmente la institución federal, el gobierno de la república, pues de alguna manera la autoridad de éste queda circunscrita a los edificios e instalaciones que ocupe en la flamante y autónoma “Ciudad de México”. Sí, pues en la modificación al Artículo 122 (Primer Párrafo) de la Constitución Mexicana se destaca su susodicha autonomía de la siguiente manera: «La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa», algo muy diferente a lo que sustentaba dicho Artículo 122, que decía: «Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo». Queda claro que se introduce un innecesario elemento de conflicto de competencias entre una autoridad federal disminuida en status y un gobierno “autónomo” de la ciudad; autonomía de todas maneras relativa, pues tiene que respetar las normas generales y específicas de la Constitución Mexicana.

Y con el nuevo modelo que se pretende instaurar desaparecería incluso el concepto de Capital representativa pues, en palabras de Porfirio Muñoz Ledo, ilustre proponente de la “constitución de la CDMX”, el poder federal será “huésped” de la ciudad de México: “remarcó” (señalan los reporteros que lo entrevistaron) “que el Estatuto de Capitalidad, que forma parte de la reforma, es la prueba plena de que ya no somos vasallos del Presidente, sino que son nuestros huéspedes, y como tal tienen derechos y obligaciones que cumplir.” (Reportaje de Gabriela Romero Sánchez, Alejandro Cruz Flores, Víctor Ballinas y Andrea Becerril, La Jornada, 26fe16).

¿Por qué la insensatez de tratar de definir en la “constitución de la CDMX” tantísimos más derechos que en la General de la República, y de poner a las 32 “entidades federativas autónomas” compitiendo ferozmente para ver cuáles ofrecen los mejores derechos a sus habitantes? México es un pueblo unido y así debería continuar.

La iniciativa se basa en parte en el ridículo argumento de que los habitantes de la capital somos “ciudadanos de segunda” que no tenemos los derechos de los habitantes de los estados. Y con este pretexto se trastocan los mecanismos de coordinación que existían en el artículo 122 de la Constitución de la República entre el gobierno del DF y los poderes federales. Ahora eso queda en el aire, pues habrá que esperar el cumplimiento futuro del siguiente párrafo aprobado en la reforma de enero pasado: “El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las bases para la coordinación entre los poderes federales y los poderes locales de la Ciudad de México, en virtud de su carácter de Capital de los Estados Unidos Mexicanos, la cual contendrá las disposiciones necesarias que aseguren las condiciones para el ejercicio de las facultades que esta Constitución confiere a los Poderes de la Unión”.

Se argumenta también que “tenemos que dejar claros los logros que han conseguido los gobiernos de izquierda en la capital del país”, como si esos avances (derecho al aborto, respeto a las preferencias sexuales, etc.) estuvieran en algún peligro de desaparecer en la ciudad de México. Se lograron y allí están, como podrán estarlo también cualesquier otros derechos que los capitalinos, en la actual estructura institucional, lograran obtener.

Sin ilusionismos, claro, porque ahora se pretende la incorporación en la “constitución de la Ciudad de México” de decenas de “nuevos derechos” para los capitalinos, como si la vida real no nos hubiera demostrado hasta la saciedad que no es suficiente con que los derechos estén en las leyes, sino lo esencial es que en la práctica se respeten en toda su extensión. Es en ello donde debe ponerse el énfasis, sin pretender inventar una constitución local como si la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos fuera nula. Ésta es a la que hay que darle plena validez, pues establece nuestra estructura jurídica básica y si, después de un análisis riguroso, se considerara que hay que agregarle algunos principios y derechos en pro de mejores condiciones de vida y trabajo, no de adorno sino para su real cumplimiento, en ella debieran ser incorporados para beneficio de todos los mexicanos, sin ninguna necesidad de que queden plasmados en una “constitución de la CDMX”.

Porque los muchísimos nuevos derechos que se promueven para la “CDMX” sólo quedarán en el papel. Los problemas graves que padece esta ciudad y sus habitantes se derivan principalmente no de la falta de derechos, leyes y principios establecidos, sino de la ineptitud y falta de visión y estrategias de ciertos gobernantes, legisladores y otros integrantes de la clase política, para hacer cumplir las leyes, para tener una ciudad moderna, sustentable, justa con todos sus habitantes, ello junto a la flagrante y constante violación de la legislación y la normativa existentes, en mucho debido a la omnipresente corrupción.

El gobierno capitalino y todos los que promueven la iniciativa CDMX harían mucho mejor en concentrarse en la eficaz y duradera resolución de los múltiples y muy difíciles problemas urbanos, lo que requiere con urgencia un eficaz plan de gobierno y administración de largo plazo, pues con esta iniciativa “constitucional” se distrae falsamente la atención de los ciudadanos hacia los supuestos “logros” que se alcanzarán, mientras los verdaderos problemas del desarrollo urbano, de la convivencia humana, de la seguridad en esta gran urbe, se dejan completamente de lado, en favor principalmente de las élites políticas y económicas, en particular del sector inmobiliario.

Claro que son esenciales el desarrollo de la infraestructura para el abastecimiento oportuno y el uso y la conservación sustentable del agua potable para la Ciudad de México; la administración tecnológicamente eficiente de la basura y todos los desechos, mejorar sustancialmente la movilidad y el transporte eficaces de personas y cosas, volver a tener cielos limpios en la región más transparente del aire, procurar el mantenimiento oportuno de calles, banquetas, drenajes, jardines y construir la infraestructura urbana necesaria, no la carísima de segundos pisos y otros megaproyectos con que nos invaden y que malogran irremediablemente el paisaje y la estética de la ciudad. Y qué no decir del respeto debido al uso de suelo, evitar la creciente privatización de los espacios públicos, la invasión de áreas protegidas y suelos de conservación, corregir el caótico crecimiento en que se ha dejado caer a la ciudad con las violaciones generalizadas a las normas generales de ordenación en esta materia.

Pero obviamente no se necesita una “constitución” para lograr esos objetivos y asegurar la atención oportuna, eficaz, y con los recursos técnicos y financieros necesarios a los graves desafíos ambientales y de orden urbano que amenazan a los habitantes de esta capital. Ni para lograr que en nuestra ciudad prevalezca la perspectiva de que sea el ser humano el centro de las preocupaciones de políticos, gobernantes, administradores; enfocarse en el humanismo y en el ambientalismo, ambos estrechamente unidos, para la mejor convivencia y la protección y seguridad de todos en el largo plazo.

Porque, peor aún, aprovechando la “constitución de la CDMX” y, claro, con la mira en el 2018, no sólo inventan los derechos más numerosos y sofisticados sino que, también señalan ahora que su proyecto incluye un “modelo de política económica (y social) “subnacional”, que la ciudad de México pretenderá poner como ejemplo a todo el país (como alternativa al “modelo nacional” seguramente), con el supuesto argumento de que “la ciudad genera una 5ª parte de lo producido en la economía nacional” (claro en los libros de contabilidad de las compañías con sus sedes aquí).

Para evaluar bien ese “modelo subnacional” nada más deberíamos todos experimentar la depresión de ver diariamente y en todos los rincones de esta gran ciudad las miserables ocupaciones informales de millones de nuestros habitantes, cómo no se respetan los derechos a salarios justos y a sus prestaciones laborales de ley, ¡incluyendo a miles de los trabajadores del gobierno de la ciudad contratados por honorarios. !O cómo prosiguen los proyectos privatizadores populistas de los espacios públicos, como el acuerdo divulgado estos días por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, mediante el cual sus Delegados registrarán a los comerciantes ambulantes y al efecto les cobrarán por el uso del espacio público, “lo que les dará seguridad y ya nadie los molestará o extorsionará”.

Igualmente, evaluando su propuesto “submodelo nacional”, es muy pertinente que veamos cómo los gobernantes de la ciudad creen verdaderamente en la institución “gobierno”, cuando no dejan esa tendencia que tienen, buscando facilitarse sus tareas de una forma absurda, de transferir muchas de sus funciones gubernamentales para que las lleven a cabo contratistas privados, claro, mediante la obtención de las ganancias correspondientes de ambas partes. Así se van por lo fácil, los proyectos a través de jugosos contratos con empresas privadas, sin considerar adecuadamente la sustentabilidad ecológica y mantener el paisaje y la vista estética de una ciudad ya tan llena de distorsiones con vías elevadas, puentes y demás megaproyectos. Si estos son los “submodelos” de gestión urbana y de desarrollo económico que van a proponer en el 2018, ¡están en la calle!

Mucho mejor podríamos hacer todos si los esfuerzos de negociación política y de costos administrativos y financieros implícitos en la creación de la “constitución de la ciudad de México” fueran dedicados a la concepción de una innovadora visión de política urbana y a mejorar el lamentable estado de la administración de la misma.

¿Le faltan recursos financieros al gobierno de la ciudad? Pues sí, con tan escaso presupuesto (de apenas 180 mil millones de pesos para esta gran ciudad), dedicados en alto porcentaje al “progresismo asistencialista” (como lo califica Ricardo Pascoe Pierce: “¿Habrá canje constitucional?”, Excélsior, 25mar16). El Estado benefactor (es decir, en nuestro caso, el gobierno de la ciudad) es útil y necesario con el objetivo de reducir la pobreza y las desigualdades sociales, pero para ello es ineludible al mismo tiempo, que dicho Estado sea eficaz en promover y en gestionar una economía productiva cuyos integrantes privados generen y distribuyan por sí mismos a sus trabajadores los recursos necesarios para una vida digna, a través de salarios justos, seguridad y prestaciones sociales. Y a la vez para solventar, mediante su acatamiento a un sistema impositivo justo también, los ingresos presupuestarios requeridos por el Estado (el Gobierno de la ciudad) para sus funciones básicas de gestión y desarrollo urbano, sin más privatizaciones de lo público.

El respeto a la ley y a las instituciones no implica pretender reinventarlas a cada momento. Lo advierte ya un experto jurista: “No puede haber peor error ni perspectiva más insensata que la ingenuidad de pretender reinventar una ciudad a través de un texto político legal” (Edgar Elías Azar, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, artículo en El Universal, 24 de septiembre 2016).

La clase política debe dejar de seguirse entreteniendo en estos jueguitos, para abordar ya los ingentes problemas reales que la ciudad y el país como un todo enfrentan. Lo mejor sería declarar inconstitucionales las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero 2016, y dejar así definitivamente de lado “la constitución de la ciudad de México”.

Soy chilango de corazón, pero también mexicano con mucho orgullo de todo lo que es este gran país, México, sus habitantes, su historia, su cultura, su territorio. Sería un craso error poner a competir a la “Ciudad de México”, con los demás estados de la república. ¿Qué necesidad? Muchas gracias.


Algunas referencias periodísticas

Ricardo Pascoe Pierce, “La Constitución como huevo de la serpiente”, Excélsior, 14oc16.

John M. Ackerman, “Atraco constituyente”, La Jornada, 10oc16.

Salomón Chertorivski, citado en reportaje “La Cepal aplaude el proyecto de legislación económica”, Laura Quintero, El Economista, 14oc16.

Adrián Rueda, La Asamblea ProstituyenteI y II, Excélsior 3oc16 y 13oc16.

Héctor de Mauleón, “La Constitución que nos llevará al abismo”, El Universal, 5oc16.

Jesús Silva Herzog Márquez, “El fárrago constitucional”, Reforma, 3oc16.

Vianey Esquinca, “100 tristes diputados y sus lacayos desalmados”, Excélsior, 25se16.

Leo Zuckerman, “Soy un hombre feliz” y “La felicidad de vivir en Ciudad Utopía”, Excélsior, 20se16 y 21se16.

María Amparo Casar, “Nueva Constitución, misma ciudad”, Excélsior, 21se16.

Salomón Chertorivski, Política económica para una gran ciudad, El Financiero, 9ab14.

Jorge Alcocer V., “Para entender la CDMX”, Reforma. 26 en16.

Regular ambulantaje en CDMX generaría hasta 300 mdp anuales, Notimex, La Jornada, 11oc16.

  1. Ponencia al XXVI Seminario de Economía Urbana y Regional del Instituto de Investigaciones Económicas, UNAM. Jueves 20 de octubre 2016. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados, CESOP.
  2. Embajador de México, jubilado.

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