V. LA DELGADA LÍNEA

Una delgada línea separa el cumplimiento de los Principios Constitucionales de Política Exterior –especialmente el de la No Intervención y Autodeterminación de los Pueblos–, de su incumplimiento, en especial el caso de la situación que vive Venezuela desde hace varios años, asediada por el intervencionismo ilegal de los Estados Unidos de América y los gobiernos que se han alineado detrás de su agresiva política.

En efecto, México, desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se ha pronunciado por la necesidad de una salida negociada al conflicto interno que aflige a ese país hermano. Se agrega que no son aceptables soluciones violentas, ni tampoco una intervención militar extranjera. ¡Eso está muy bien!

Sin embargo, en declaraciones del subsecretario encargado del área latinoamericana y caribeña, reproducidas en medios de comunicación, se añade que México mantiene una posición “equidistante” (sic) queriendo decir que no apoyamos ni al gobierno ni a la oposición. ¡Eso está muy mal!

Es aquí precisamente en donde se encuentra esa delgada línea. Veamos: México mantiene relaciones diplomáticas normales con el gobierno de Nicolás Maduro, quien a invitación expresa del nuevo gobierno asistió a la toma de posesión de nuestro presidente, y el encargado de negocios de México en Caracas, a la del mandatario venezolano.  Además, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce y acepta al representante del gobierno de Maduro como el único representante del Estado venezolano ante ella.

Caso totalmente distinto al de la Organización de Estados Americanos (OEA) en donde, liderados por EEUU, países importantes como Argentina, Brasil, Canadá, Colombia y Ecuador, así como indebidamente el Secretario General del organismo, Luis Almagro,  han “desconocido” (¿) al gobierno de Nicolás Maduro y aceptan representantes “diplomáticos” del autoproclamado “presidente encargado”.

Es evidente que no se pueden obviar, a la hora de definir nuestra política hacia este caso, las groseras violaciones al derecho internacional que cometen, tanto los Estados Unidos, como las demás naciones que desconocieron al actual gobierno.

En efecto, de conformidad con la Carta de la ONU, la No Intervención y la Autodeterminación de los Pueblos, son Principios del Derecho de Gentes, además de otros aplicables, como el de la prohibición de la amenaza y el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y el de la solución pacífica de controversias, y que el único ente autorizado para imponer sanciones a un Estado es el Consejo de Seguridad, que en la situación venezolana no las ha admitido.

Por su parte, la Carta de la OEA, de manera tajante prohíbe literalmente no sólo la intervención en los asuntos de un Estado miembro, sin importar la causa con la que se pretenda justificarla, sino también la imposición de sanciones y medidas coercitivas que pretendan violentar la voluntad soberana de un Estado. Por si eso no bastara, el ordenamiento reconoce explícitamente el derecho inalienable de cada Estado de darse el sistema político económico y social que más convenga a sus intereses.

Teniendo presente esta información, resulta incongruente que se diga que mantenemos una posición “equidistante” ante el problema, pues es público y evidente que quien se encuentra detrás de las constantes agresiones al pueblo de Venezuela, son precisamente los Estados Unidos y sus intereses geo-políticos y económicos y que las sanciones que se han impuesto a Venezuela solamente han provocado una crisis humanitaria muy grave.

No es necesario plantear que adoptemos una política militante en contra de los EEUU y sus acciones ilegales contra Venezuela. No, pero sí, como se hizo en el pasado en casos emblemáticos, como el de Cuba, Guatemala, República Dominicana y Nicaragua, que México, a la par de considerar inaceptable una intervención militar y ofrecer sus buenos oficios y voluntad de apoyar una negociación -misma que todavía es posible vistos los fracasos de la oposición y sus apoyos externos-, que ponga en evidencia la ilegalidad de las sanciones y su condena ante las amenazas de una intervención, prohibidas por los principios que arriba se citan, y que son norma el Derecho Internacional y de las relaciones entre sus sujetos.

En resumen, no tenemos que “ponernos los guantes” con los EEUU, pero siempre, salvo en la etapa neoliberal del gobierno mexicano, en la que se soslayó nuestra historia y nuestros intereses, México ha defendido su derecho a disentir, a mantener su propia opinión y visión sobre los asuntos de la agenda internacional, y la defensa de sus legítimos intereses nacionales, además de defender a los débiles frente al abuso de los fuertes.

¡Cuidado! que podemos pasar esa delgada línea al mantener silencio sobre el fondo del problema, cosa que tendría consecuencias nefastas para el gobierno que cambiará a México.

Para terminar resalto que el Secretario Marcelo Ebrard Casaubón, en su reciente visita a China reiteró la oposición de México a una solución que no sea la negociada entre las partes y a una intervención armada en Venezuela. Además, nuestro gobierno concedió el beneplácito de estilo a un nuevo embajador del gobierno de ese país.

También, que México, en la última Asamblea General de la OEA, junto a otros países, rechazó la presencia de enviados del “presidente encargado”. Así, sí vamos bien.

Sergio J. Romero Cuevas,

Embajador de México (r)

 

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