VII. EJES DE LA RELACIÓN MÉXICO-ESTADOS UNIDOS: MIGRACIÓN, NARCOTRÁFICO, TERRORISMO Y SEGURIDAD NACIONAL

La seguridad nacional en el Continente Americano tiene gran cantidad de elementos a debatir, mismos que van desde los condicionantes históricos, los geográficos, los políticos, los doctrinarios, hasta los propiamente militares pero, particularmente, es el predomino estadounidense como potencia geopolítica en el plano militar, que le permite imponer sus razonamientos de acuerdo con sus intereses y, por lo tanto, acentuar doctrinas como la Monroe (1823), a postulados como el Destino Manifiesto (1840), hasta la “obligación” latinoamericana y caribeña de apoyar su guerra contra el terrorismo a partir de 2001.

Este accionar unilateral estadounidense va de acuerdo a planes políticos, económicos y militares para cada nación y región del Continente Americano según la importancia que ese país da a cada Estado o zona, dependiendo también de su cercanía o lejanía geográfica, los intereses comerciales, recursos naturales y humanos, e incluso intereses y valores político morales.

En el caso específico de México, todos los elementos mencionados tienen una amplia connotación, empezando por su vecindad geográfica, de la cual si bien se ha venido desprendiendo un proceso cada vez más consolidado de interdependencia-vulnerabilidad en los ámbitos económico-comercial y de seguridad, México no ha sabido explotar las debilidades de ese país, lo cual es aprovechado por los EUA.

Partiendo de este enfoque, hay que destacar que México no tiene un concepto propio de seguridad internacional, ya que no obstante que ha coadyuvado en su elaboración, firmado y ratificado infinidad de instrumentos globales en la materia, siempre ha inscrito su accionar hacia su interior, es decir, solamente considera la seguridad como parte única de la defensa a su soberanía nacional (con una visión principista y defensiva); mientras que en el contexto mundial, el derecho internacional ha sido su principal instrumento de acción y, desde luego, su primera y última defensa ante los estadounidenses.

Un factor que vino a transformar la tradicional política exterior mexicana (de amor-odio-necesidad) con los estadounidenses, fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor el 1º de enero de 1994, instrumento útil primero para regular y después para impulsar el comercio entre ambos países, con la falla fundamental de que los estadounidenses se obstinaron en no resolver adecuadamente el problema migratorio, lo que hizo que México cediera en este aspecto para no perder lo logrado en los aspectos económicos y comerciales, hasta que se suscitaron los sucesos del 11/sept.

Sobre el accionar de ambos países en el campo del terrorismo, los EUA fueron –por obvias razones- los que adoptaron medidas en el ámbito regional, mediante la reconfiguración de cinco comandos geográficos unificados del Pentágono, entre ellos, el Comando del Norte (2002), centro de mando militar, cuya área de influencia son los propios EUA, Alaska, Canadá, México y ciertas áreas del Caribe, operando en aguas internacionales hasta 500 millas de las costas y, posteriormente, en el plano bilateral, impulsaron la suscripción en marzo de 2002, de la Alianza Fronteriza México-Estados Unidos[1]. Este acuerdo, incluye un plan de acción de 22 puntos en los que se definieron acciones de cooperación bilateral sin precedentes, como por ejemplo la vigilancia de las instalaciones estratégicas, así como el paso de personas, vehículos y mercancías en un marco de mayor seguridad.

Ahora bien, a partir de la concepción que sobre el terrorismo tiene el gobierno estadounidense, establecida en su Estrategia de Seguridad Nacional, ha introducido como elementos directamente involucrados el narcotráfico, el crimen organizado y las migraciones masivas (de mexicanos y centroamericanos). Paradójicamente esos temas se han convertido en un boomerang contra ese país, ya que son precisamente esos problemas los principales trastornos que no han podido ser contenidos por estadounidenses, mexicanos y por los países centroamericanos.

Al respecto, cabe recordar que las migraciones latinoamericanas hacia los EUA tienen su raíz en situaciones como la falla de las estructuras económicas internas, la distribución inequitativa de la riqueza, la debilidad de los sistemas jurídicos, los períodos de larga inestabilidad democrática (desestabilizaciones creadas por los estadounidenses), elementos todos que contribuyeron a incrementar la pobreza, la delincuencia, el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas y, desde luego, el tráfico de personas y, por ende, las migraciones masivas hacia ese país.

Un aspecto importante que nunca han tomado en consideración los EUA en estas problemáticas, es la importancia que los distintos países otorgan a su seguridad nacional como elemento prioritario para su supervivencia. En efecto, todos los países, por lógica, buscan determinar las políticas y compromisos a nivel hemisférico según su ubicación geopolítica; las principales amenazas a su seguridad interior; los distintos roles asignados a las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad e inteligencia; las doctrinas históricas de seguridad y factores jurídico/legales que impiden o limitan la participación en actividades supranacionales, los problemas con los países vecinos y los compromisos internacionales firmados, con el agregado de adaptar a su sistema interno, de conformidad con sus intereses nacionales, los cambios que se efectúen en el contexto regional e internacional.

Respecto a México, el concepto de seguridad nacional –insertándolo en un contexto regional- es relativamente nuevo y si bien ha ido evolucionando, no lo ha hecho en la medida de los requerimientos del nuevo orden mundial en ese tema, ni tampoco lo ha “ajustado” plenamente a las “necesidades” de los EUA. Así, a partir de la década de los ochenta, la seguridad nacional en México pasó de una conceptualización principista que sólo giraba en torno a la defensa de su soberanía a través de sus fuerzas armadas, a un concepto en el cual le daba otra connotación a su política interior que insertaba la preservación del estado de derecho, uniéndola con principios más avanzados y una mayor fortaleza en materia de política exterior. Como puede apreciarse, no obstante este “avance”, aún la seguridad se seguía circunscribiendo al ámbito interno.

Los ataques terroristas contra Estados Unidos –a los que antes se hace referencia-, cambiaron los parámetros dentro de los cuales se desarrollaba la tradicional política exterior mexicana y su concepto sobre seguridad con ese país. Al convertirse este tema en el eje fundamental y el objetivo prioritario de la política de seguridad estadounidense, México se vio en la necesidad de tomar las medidas conducentes, quedando plasmadas éstas en la Ley de Seguridad Nacional (31 de enero de 2005), donde se establecieron las instancias encargadas de la Seguridad Nacional, reunidas alrededor del Consejo de Seguridad Nacional en el entendido de que, previamente, había sido reformada la Constitución Política, en sus artículos 73 y 89, facultando el primer artículo al Senado a legislar sobre la materia, mientras que el segundo artículo asignó al Poder Ejecutivo la obligación de preservar y a actuar en los términos de la ley respectiva.

Ahora bien, en el marco de sus relaciones bilaterales, pero relacionadas con la seguridad, podría decirse que existen dos agendas: la global en donde se insertan todos los temas del quehacer diario de la relación entre ambos países y que prácticamente en su totalidad son tratados y resueltos a nivel de los gobiernos centrales y, la agenda fronteriza, que tiene características fundamentales y por lo tanto especiales que ameritan un trato diferente. La diferencia entre ambas agendas, es la prioridad que cada uno le da al o a los temas, de acuerdo con los intereses nacionales y a las necesidades internas o externas en cada país, o que afecten sensiblemente a los estados localizados en ambos lados de la frontera. Los temas más recurrentes serían narcotráfico, migración, comercio, transporte y seguridad fronteriza.

De la misma manera, los dos países tienen diferentes prioridades en el combate a la delincuencia organizada, sobre todo en la región fronteriza. Mientras Estados Unidos considera como los problemas más importantes por resolver el narcotráfico, el lavado de dinero y la presencia de grupos delictivos que transportan inmigrantes indocumentados y, por ende, que esta situación sea propicia para la infiltración de terroristas; a México le preocupa el tráfico ilegal de armas hacia su territorio, la presencia de grandes cárteles de narcotraficantes en esa zona en connivencia con autoridades estadounidenses y mexicanas pero, primordialmente, el tema de los inmigrantes mexicanos indocumentados[2]. Estos problemas, han sido utilizados (y seguirán siendo utilizados) por el gobierno estadounidense en campañas políticas internas (elecciones legislativas y presidenciales) toda vez que son elementos políticos útiles, aún a sabiendas de que diferir su solución indefectiblemente seguirá afectando la relación bilateral.

En lo relativo al tema migratorio, es necesario anotar que debido al incremento de mayores controles fronterizos, así como severas y discriminatorias disposiciones internas estadounidenses, el flujo de la migración mexicana disminuyó considerablemente desde finales de 2017. En otras palabras, los temas terrorismo y migración son ahora entrelazados, como anteriormente lo fue el narcotráfico y la migración. Así, mientras Estados Unidos parte de la premisa que la corriente migratoria es propensa a ser utilizada como un medio para grupos terroristas e inserta ambas situaciones en el marco de su seguridad nacional, México separa ambos temas, considerando el tema migratorio como un factor de estabilidad política, económica y social que debe ser tratado de una forma integral por ambos países, ya que el beneficio es mutuo y, por otra parte, visualiza el tema terrorismo desde la óptica de que los dos países deben analizarlo desde otra perspectiva: tomando previsiones y adoptando programas conjuntos que den certeza a los estadounidenses de que la creciente corriente migratoria (especialmente mexicana) de ninguna manera atenta contra la seguridad de ese país.

En el caso específico de la seguridad nacional mexicana, es necesario reiterar que la misma sigue siendo incipiente y que requiere de una política de largo aliento, con visión prospectiva, más allá de planes gubernamentales sexenales (lo que dura el mandato presidencial mexicano). En cuanto a su seguridad externa, se puede llegar a dos conclusiones: en primer lugar, normalmente los distintos gobiernos mexicanos han tenido la percepción de que el no tener “enemigos” (por lo menos visibles), esto permitía a México estar exento de situaciones que pusieran en peligro su soberanía que, como ya se anotó, es la base en la cual siempre ha descansado su seguridad nacional; en segundo lugar, también dichos regímenes estaban seguros (por lo menos esa impresión dieron) de que el ser vecino de la potencia mundial, ese país de ninguna manera va a permitir tener riesgos en su frontera sur que vulneren su seguridad nacional. En otras palabras: la seguridad externa se continúa cubriendo bajo el paraguas de la seguridad nacional estadounidense.

Error político fundamental, ya que México se ha visto en la necesidad y en la obligación de ejecutar planes de seguridad impuestos por los estadounidenses, lo que de ninguna manera puede considerarse como una política nacional en todo el sentido (político-militar) de la palabra y, por ende, no fue sino hasta después de los sucesos del 11/S cuando, también obligado por los estadounidenses, inició planes estratégicos (también incipientes) tendientes a tomar medidas en su frontera norte y adoptar medidas “emergentes” pero no permanentes, en una zona sumamente porosa, como lo es la frontera sur.

Como era de esperarse, los planes “antiterroristas” llevados a cabo por los estadounidenses nunca han funcionado, debido a que fueron superados ampliamente por la realidad plasmada por el narcotráfico entre ambos países y, con ello, el desmesurado crecimiento del crimen organizado, particularmente en la zona fronteriza de ambos países. Esto se debió principalmente a dos factores fundamentales: la histórica reticencia estadounidense a asumir que el tráfico de drogas obedecía al gran mercado de distintos estupefacientes que consumen sus habitantes, principalmente marihuana, cocaína y distinto tipo de drogas y, por la parte mexicana, debido a la poca acción que mostraron los distintos gobiernos de no atacar de frente, primero, el paso y después la comercialización y el consumo de esas mismas drogas en su territorio. Desde luego que también influyen en esta problemática la corrupción imperante por parte de autoridades policiacas, aduanales y de otras instituciones u oficinas estadounidenses y mexicanas, así como el “descuido” por parte de los servicios de inteligencia de ambos países, que operan en la frontera compartida.

Ante tal situación, los dos países tuvieron que implementar el denominado Plan Mérida[3], establecido en 2008, que en un principio tuvo como distintivo instituirse como un plan de choque –con características militares- contra los diferentes carteles de la droga mexicanos (por cierto, bastante similar con el Plan Colombia[4]), pero que posteriormente (mediados de 2010) los Estados Unidos, ante la presión de su congreso y la poca eficacia del plan hacia su población afectada por las drogas, implementó una campaña interna dirigida a disminuir el consumo, al tiempo de aumentar el tratamiento médico para los consumidores estadounidenses, lo que, en la opinión de expertos en la materia, sólo se constituyó en una campaña mediática sin mayores resultados positivos.

Por otra parte, en opinión de expertos mexicanos en la materia, el Plan Mérida es un plan de ayuda bastante limitado económicamente y con muchos controles estadounidenses para el combate al narcotráfico y al crimen organizado en México y en Centroamérica. Si bien es cierto que con el tiempo los estadounidenses destinaron una mayor partida presupuestaria para los efectos, también es verdad que los gastos dirigidos a la transferencia de equipo, tecnología y capacitación, priorizaron específicamente la “lucha” antiterrorista, un porcentaje menor para combatir el narcotráfico y, por supuesto, menor para la seguridad fronteriza, desatendiendo o minimizando (por sus propios intereses) la venta de distinto tipo de armamento que utilizan tanto los grupos de narcotraficantes, como las organizaciones del crimen organizado, principalmente en México; sin olvidar que el congreso estadounidense en lugar de hacerse responsable del tráfico indiscriminado de armas, exigió una mayor transparencia y rendición de cuentas a los mexicanos. De esta manera, México sigue aportando los muertos y los EUA solamente exigencias.

A manera de conclusión, existe una dicotomía entre los dos países, tanto por su definición del término terrorismo, como por los métodos unilaterales impuestos por los estadounidenses para frenar el narcotráfico y la migración. El quid del asunto es que los EUA, por su propia seguridad, tienen que reconocer que los problemas que se suscitan en la frontera son de responsabilidad binacional y, por lo tanto, es necesario fijar estrategias de corto, mediano y largo alcance para hacer una frontera segura. México, también por su propia seguridad y supervivencia como país, tiene que adoptar un pragmatismo político inteligente, haciendo a un lado sus poses nacionalistas, así como no concretarse en recibir los “beneficios” de la migración, sino asumir los costos de ésta pero, particularmente, que aproveche las vulnerabilidades estadounidenses, insertándolas en el plano de una permanente negociación asimétrica donde se pondere la necesidad que tienen los estadounidenses de contar con el apoyo mexicano para su seguridad nacional.

Parte importante para aprovechar la vulnerabilidad estadounidense, es que:

  • México insista en los apropiados foros internacionales sobre la inacción estadounidense en el control de drogas;
  • Lleve a la Corte Internacional de Justicia la reticencia de ese país a frenar la libre venta de armamento;
  • Combata con decisión la corrupción en sus distintas instituciones;
  • Demuestre una mayor transparencia y decisión política y deje de recurrir a un discurso mediático y;
  • Por su parte, México, limpie los cuerpos de seguridad pública, inicie la reingeniería de las distintas instituciones encargadas de la administración y procuración de justicia y;
  • Frene la alta corrupción que distingue a buena parte de los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), y desde luego;
  • Ponga en ejecución programas de rehabilitación.

A nadie escapará el hecho de que para México es sumamente difícil convivir con el país hegemón mundial y más aún establecer un diálogo productivo de cooperación con un gobierno como el del Presidente Donald Trump, que se ha caracterizado por ser irreverente y soberbio, además de demostrar una acentuada xenofobia contra los mexicanos y las corrientes migratorias centroamericanas y de otras zonas geográficas, pasando por vociferantes amenazas y acusaciones sin fundamento, sin olvidar su terquedad e ignorancia sobre los temas centrales de este análisis (terrorismo-narcotráfico-migraciones).

LA DESCUIDADA Y POROSA FRONTERA SUR MEXICANA

Es un hecho que México siempre ha carecido de controles de todo tipo en su frontera sur; que su discurso de “hermandad” y “comprensión”, junto con la permanente y onerosa cooperación en todos los ámbitos hacia los países centroamericanos no ha sido ni será ponderado por los mismos y, por el contrario, solo ha servido para ahondar el brutal descuido de esa zona estratégica para México.

En este contexto se inscribió la apertura por parte del Presidente López Obrador a la corriente migratoria de los ciudadanos del Triángulo Norte, decisión que si bien tiene su fundamento en la protección de los individuos a través de brindarles refugio, el tradicional respeto al derecho de asilo, así como a la defensa y aplicación de los Derechos Humanos por parte de nuestro país, dio lugar a una interminable corriente migratoria procedente de otras latitudes, con la consabida desaprobación estadounidense.

La respuesta de este país no se hizo esperar. La no acción mexicana y centroamericana dio la oportunidad a los estadounidenses de imponer sus reglas. Como antecedente, cabe recordar que, a mediados de octubre de 2018, el Fiscal General estadounidense, Jeff Sessions (uno de los principales halcones del “Estado Profundo” de los EUA), anunció la creación de un “grupo de trabajo” para combatir el crimen organizado internacional, citando entre otros grupos que son objetivo a la pandilla MS-13 (Mara Salvatrucha), a los cárteles mexicanos Jalisco Nueva Generación y al de Sinaloa, así como a la organización paramilitar colombiana “Clan del Golfo”.

La idea original de Sessions era desde entonces, que el grupo de trabajo “esté formado por experimentados fiscales (estadounidenses) que coordinarán y optimizarán los esfuerzos del Departamento de Justicia (estadounidense) para sacar a estos grupos de la calle de una buena vez”. Así pues, el deseo/amenaza se hizo realidad: El viernes 31 de mayo el periódico The Washington Post informó que varias decenas de agentes e investigadores del Departamento de Seguridad Interior estadounidense se trasladarían a Guatemala para actuar como “consejeros” de la policía nacional y las autoridades migratorias de dicho país. Por su parte, el Ministro de Defensa guatemalteco, Luis Miguel Ralda anunció el arribo de tropas estadounidenses para desarrollar el programa “Más allá del Horizonte”, asegurando que las tropas ya estaban desplegadas en el Departamento de Huehuetenango, limítrofe con México.

Para redondear todo el plan, el Secretario Interino de Seguridad Nacional de EUA, Kevin McAleen se reunió con el Presidente guatemalteco Jimmy Morales con quien firmó un acuerdo para combatir el tráfico de drogas y de migrantes. El documento prevé, entre otros aspectos, el envío al territorio guatemalteco de agentes federales para combatir estructuras de tráfico ilegal de personas, armas de fuego, narcotráfico y lavado de dinero. El funcionario estadounidense también se reunió con los titulares de las oficinas de Seguridad del Guatemala, Honduras y El Salvador por los motivos expuestos con anterioridad.

Al respecto, se exponen algunas precisiones que le dan una especial connotación a las acciones estadounidenses: el 16 de junio de 2019 se celebraron elecciones para elegir a un nuevo mandatario en Guatemala, por lógica, se considera que los estadounidenses aprovecharon este “espacio político” para que el Presidente Morales firmara (bajo presión) el acuerdo. En el caso de El Salvador apenas el 3 de febrero asumió como presidente Nayib Bukele, consecuentemente, aún no actúa de acuerdo con una guía o norma que le permita una plena gobernanza y, por lo tanto, también aceptó bajo presión; en lo tocante a Honduras, su presidente, Juan Orlando Hernández, está siendo señalado por la clase política local de tener nexos con el narcotráfico, lo que por lógica se considera que también firmó bajo presión. En pocas palabras, resulta obvio que los debilitados gobernantes centroamericanos, tuvieron que obedecer las directrices estadounidenses so pena de enfrentar un escenario que, históricamente, los llevaría a un golpe de Estado o, en el mejor de los casos a una permanente desestabilización política y económica.

Si bien es cierto que, en el marco de su soberanía, todos los países son libres de suscribir acuerdos, aunque como en este caso, la soberanía haya sido rebajada a su mínima expresión, lo preocupante debe de ser para México por todas las implicaciones colaterales de este acuerdo. En efecto, no solo es el hecho de que los centroamericanos acepten a los agentes federales estadounidenses como “garantes de justicia y policía”, lo cual resulta aberrante por sí mismo sino realmente, lo peligroso, es la presencia y las acciones que desarrollarán las tropas estadounidenses, sabiendo de antemano la actitud prepotente del gobierno estadounidense, que conlleva el permanente desacato a las leyes internacionales y, por ende, al Derecho Internacional.

NEGOCIAR ES CEDER[5]: VICISITUDES Y CONNOTACIONES DE LA NEGOCIACIÓN[6]

Como segundo paso de la estrategia estadounidense, el Presidente Donald Trump, fiel a su estilo altanero y provocador, amenazó con imponer sanciones comerciales graduales (del 5 al 25%) a los productos mexicanos con destino a los EUA, por no detener la incesante y creciente corriente migratoria. Esta decisión obligó a México a sentarse en una mesa de negociación sabiendo de antemano que se trataba de un chantaje inadmisible que atentaba contra la dignidad del país y, desde luego, por enésima vez se confirmaba que los estadounidenses no son (ni serán) socios confiables.

Es preciso hacer notar que ha habido un sinnúmero de comentarios y opiniones negativas por parte de Senadores, Diputados, partidos políticos, periodistas y “comentólogos” que, sintiéndose internacionalistas con conocimientos de negociadores internacionales, han arremetido en contra de la delegación mexicana que encabezó el Canciller Marcelo Hebrard, sin entender e ignorando el fondo y las formas de una negociación tan complicada pero que, finalmente, se obtuvo un éxito parcial. Como dijo el Canciller: “entramos a la reunión con un ultimátum y salimos con un acuerdo”.

No debe perderse de vista que la negociación fue con el país hegemon mundial y vecino permanente de México, esto es, con un país que detenta y hace uso de su poder político, económico y militar. Por eso la negociación se desarrolló en medio de amenazas y fuertes presiones contra México, para debilitarlo al máximo y así lograr que cediera a los intereses estadounidenses.

Lo señalado anteriormente, es una práctica normal que utiliza ese país, pero esta vez, las presiones se vieron incrementadas por la conocida estrategia utilizada por Donald Trump introduciendo medias verdades, falacias y, desde luego, insultos; sin olvidar que el factor tiempo siempre corrió en contra de nuestro país (prácticamente 3 días antes de imponerse los aranceles) y, para más presión, en esos tres días, Donald Trump firmó la orden de ejecutar los aranceles en el entendido de que, previamente, habría instruido al Vicepresidente Mike Pence de presionar a México para que aceptara ser tercer país seguro.

Otro factor negativo que debe ser tomado en cuenta es el hecho de que Donald Trump va a seguir recurriendo a la intimidación y a la coacción, al convenirle seguir insertando las amenazas hacia México en sus necesidades electorales en lo inmediato, pero también a sus planes a largo plazo.

Ahora bien, dentro de los factores “positivos” hacia México, se inserta la participación de Jared Kushner, yerno y super asesor del mandatario americano, quien, de acuerdo a medios de comunicación de ambos países, apoyó e impulsó la negociación. De igual manera, destaca la reunión que el equipo mexicano sostuvo con los congresistas del Partido Demócrata, encabezados por su líder Nancy Pelosi, quienes dijeron que los demócratas se oponían a los aranceles. Debe tomarse nota que el “apoyo” de los demócratas hacia México se inscribió en el marco de su enfrentamiento con Donald Trump y de la decisión de ese partido de impedir a toda costa su reelección. Otro hecho a destacar lo es sin duda las expresiones de rechazo al incremento de los aranceles por parte de los más representativos grupos de presión y de poder estadounidense los que consideran que no sólo afectarían a México sino, inclusive a los EUA.

Para ser congruentes con la actitud estadounidense, definitivamente el descuido manifiesto (por decir lo menos) de México en su frontera sur fue y seguirá siendo el principal eje sobre el que girarán las críticas, las amenazas y la imposición de sanciones de ese país. Para nadie es novedad que siempre ha sido una zona en extremo porosa al no existir una planificación estratégica en los campos comercial (incluyendo el comercio hormiga), migratorio, detección y contención de tráfico de personas (trata de blancas) así como de grupos de la delincuencia organizada, tráfico de armas y, desde luego, tráfico de drogas, todo lo cual hace vulnerable y siempre ha puesto en peligro nuestra seguridad nacional.

Continuando con la congruencia, de acuerdo a infinidad de opiniones de expertos mundiales en geopolítica, si bien los EUA son un país en declinación es obvio que seguirá utilizando todos los recursos a su alcance para seguir siendo hegemón y, de igual manera, que su influencia política la continuará dirigiendo a defender su seguridad nacional insertando en esta percepción, todo aquello que afecte sus intereses nacionales como lo son las migraciones, el narcotráfico y, desde luego el terrorismo. Por lo tanto, las acciones humanitarias, los derechos humanos y los principios que trate de invocar el gobierno mexicano a favor de las migraciones solo tenderán a disgustar más a la parte estadounidense.

Todo parece indicar que atrás quedaron los planteamientos analizados durante la II Conferencia sobre prosperidad y Seguridad en Centroamérica, realizada a principios de octubre de 2018, en la que representantes de Guatemala, Honduras, el Salvador (Triángulo del Norte) México y los EUA fijaron y decidieron ejecutar en forma conjunta, entre otros temas, criterios para reducir los grupos de la delincuencia común organizada, al tiempo de crear puestos de trabajo, tratando de evitar así las migraciones centroamericanas. En síntesis, tanto las migraciones, como la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo, siempre serán temas que seguirán siendo utilizados como elementos de presión y de penalizaciones contra México y los países centroamericanos.

A manera de conclusión, desde mi punto de vista son varias las acciones y el comportamiento que debe adoptar México. En primer lugar, conservar el equipo de negociación inicial, incorporando (como asesores) a funcionarios e instituciones de acuerdo al o los temas a discutir, todo siempre desde una visión de negociación asimétrica. En segundo lugar, es muy alentador que México haya iniciado reuniones con los representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con el Alto Comisionado de las NNUU para Refugiados (ACNUR), con la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) instituciones a las que seguramente habrá entregado el acuerdo firmado con los estadounidenses cuyo propósito, supongo, será solicitar su apoyo e involucramiento en las políticas de migración y de desarrollo de las naciones centroamericanas. No obstante lo anterior, también sería conveniente que entrara en pláticas con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y con la Organización Internacional de Migraciones, con los mismos propósitos.

El propósito fundamental es y será buscar el apoyo irrestricto de estas instituciones a las políticas de migración y derechos humanos de México.

Siempre habrá que tomar en cuenta que los estadounidenses puntualmente insertan, anteponen y defienden sus intereses y su seguridad nacional en todo documento que suscriben. Es la oportunidad para que México, también invoque y anteponga sus intereses nacionales y su seguridad nacional, respaldando esta decisión con sus principios de política exterior. Es así que considero que México debe seguir negociando con firmeza, apoyándose en el conocimiento profundo y aprovechando las debilidades de ese país en los temas a tratar y, desde luego, nunca confiar en Washington ni en Trump.

Finalmente, estimo como sumamente necesario y conveniente que México haga un uso profundo de los medios de comunicación estadounidenses, lanzando a través de ellos una campaña informativa sobre las opiniones, puntos de vista y las acciones que desarrolla o llevará a cabo con ese país, vislumbrándose dos objetivos principales: Por una parte, redundará en beneficio de los intereses y de la imagen de nuestro país en los EUA y, por otra, a Trump le será difícil o por lo menos le dificultará utilizar el argumento México en su campaña hacia la reelección.

Los Estados Unidos son origen y efecto tanto de las migraciones centroamericanas, como del narcotráfico y del terrorismo a nivel internacional. De una vez por todas debe entender que la lucha contra todos estos flagelos es un asunto de cooperación y de asistencia mutua, nunca de amenazas ni menos de imposiciones. México, por su parte, debe seguir privilegiando el diálogo y la negociación, así como responder con puntualidad y firmeza diplomática los ataques e insultos y, en último caso, aplicar la reciprocidad. No más “amor y paz”. La “amistad” y la “sociedad” tienen un límite.

Autor: Víctor Hugo Ramírez Lavalle
Maestro en Relaciones Internacionales con Especialidad en Temas de Seguridad Internacional.
18/06/2019


  1. Asociación Fronteriza Estados Unidos-México. Departamento de Estado de Estados Unidos. Programas de Información Internacional. Servicio Noticioso desde Washington. 21 de marzo de 2002. http://usinfo.state.gov/espanol
  2. John Bailey y Jorge Chabat. “Crimen transnacional y seguridad pública: Desafíos para México y Estados Unidos. México. Plaza & Janés Editores, 2003. Síntesis publicada en Foreign Affairs en Español julio-septiembre 2003.
  3. La Iniciativa Mérida, creada en 2008. Datos extraoficiales indican que los estadounidenses han destinado al menos 2900 millones de dólares y, por otra parte, se asevera que desde 2008 a junio de 2019 ha causado al menos 250 mil asesinatos y, por lo menos, la “desaparición de 34 mil personas.
  4. También llamado Plan para la Paz, la prosperidad y el fortalecimiento del Estado, firmado entre los gobiernos de Colombia y los Estados Unidos de América en 1999, cuyos objetivos específicos eran generar una revitalización social y económica, terminar el conflicto armado y crear una estrategia antinarcóticos.
  5. Expresión clásica del Dr. Héctor Cuadra, mi maestro de Negociaciones Internacionales en la Maestría de Estudios Diplomáticos en el Instituto Matías Romero. Efectivamente, negociar es ceder pero hay que saber cuándo, dónde y cómo.
  6. Luego de intensas negociaciones, diariamente matizadas de amenazas de Donald Trump, México logró detener (por 45 días) la imposición de los aranceles, comprometiéndose a modificar su Ley Migratoria, enviar a la Guardia Nacional a la frontera sur, recibir “temporalmente” a los migrantes que esperen en territorio mexicano las decisiones judiciales sobre sus peticiones de asilo en los EUA, un mayor control migratorio y mayores incrementos presupuestales en la materia, así como el desmantelamiento de las organizaciones de traficantes de personas, sus redes de financiamiento y de transporte. Estados Unidos, por su parte se “comprometió” a aportar dinero para apoyar el Pan de Desarrollo Integral para Centroamérica, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

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